Rafael Cid y Aniceto Arias charlan sobre el artículo publicado en el número 132 de DIAGONAL
Huelga general defensiva y de ruptura (*)
El Vaivén de Rafael Cid
De todas las expresiones que un ciudadano puede echar mano para mostrar su rechazo ante actos hostiles del gobierno, la más costosa de todas es ir a la huelga. Ni la firma de cartas de protesta, ni la asistencia a manifestaciones (incluso las más radicales, como las famosas marchas contra la guerra de Irak, pueden suponer una fiesta popular)) presentan el grado de compromiso que encierra hoy ponerse en huelga. La huelga no está de moda, tiene mala prensa y se ha convertido en un elemento extraño a la cultura establecida. Hacer huelga tiene riesgos. Supone evidenciar una opción ideológica contraria al poder, significarse díscolamente en el centro de trabajo y, además, perder la parte alícuota salarial de esa jornada en que rechazamos alquilar nuestra fuerza de trabajo. La huelga en las democracias de mercado puede ser un derecho fundamental en peligro de extinción.
Y ello porque el sistema dominante, lejos de facilitar su práctica no hace sino ponerla en entredicho arteramente. Desde las instituciones y los medios de comunicación, públicos y privados, todo conspira para acosar al derecho de huelga y presentarlo como algo anacrónico, perjudicial y antieconómico. Basta con ver el tratamiento dado por esas brunetes mediáticas a la huelga del metro de Madrid. Los huelguistas eran unos salvajes insensibles a las penurias de los usuarios. Y para dejarlo claro preguntaban su opinión a los sufridos ciudadanos que hacían cola en la parada del autobús. Coces en el aguijón.
Sin embargo, y precisamente por todo lo anterior, la práctica de la huelga se inscribe entre los códigos más elementales que nos recuerdan la condición de explotación y dominación vigentes en las alegres y confiadas sociedades occidentales. Explotación porque al ejercer el derecho de huelga recordamos que los medios de producción esenciales para la creación de riqueza son de titularidad privada y que los ciudadanos tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir. Dominación porque es el Estado, controlado por el gobierno, el que organiza la producción y determina las normas que desarrollan la economía capitalista, o sea el sistema de asignación de recursos sobre la base del trabajo asalariado. Cosas todas ellas que se hacen patentes cuando Capital privado y Gobierno público deciden ajustes que representan recortes salariales, laborales y sociales para que los amos de los medios de producción, el capital empleador, puedan mantener su tasa de ganancia. Añadamos, para contextualizar el tema, que jamás los grandes avances sociales –la disminución de jornada de trabajo es el ejemplo clásico- fueron concesiones gubernamentales sino conquistas de los trabajadores asociados.
Ahora precisamente atravesamos por uno de esos momentos históricos en que el capitalismo pide a los gobiernos de turno que apliquen medidas directas (sobre el conjunto de las retribuciones de los trabajadores) e indirectas (sobre los derechos ciudadanos que el Estado provee) para salir del bache que el propio capitalismo ha creado con su propensión cleptómana. Pero no es un accidente cualquiera. La crisis actual desatada por la oligarquía dominante ha tenido una singularidad añadida que la hace casi un ensayo de guerra civil de clases, como ha reconocido el financiero Warren Buffet, ahora fichado por Botín. Porque los principales perjudicados han sido los trabajadores arrojados al desempleo, porque se están utilizando impunemente los recursos públicos para el rescate de los malhechores –con la consecuencia de pobreza que heredarán las nuevas generaciones- y porque, en el colmo de la agresión, se quiere aprovechar la debacle para introducir una involución social nunca vista. Casi 5 millones de parados, el 21% de la población activa, más del doble del promedio de la Unión Europea; el 42% de los jóvenes menores de 25 años sin trabajo, el triple que en la UE; y cerca de un millón cuatrocientos mil hogares con todos sus miembros desempleados, son cifras que proclaman la profunda in-competencia y lenidad del sistema. Un modelo económico que premia la ineficacia en la asignación de recursos y un modelo político ventrílocuo que en vez de repartir el trabajo legisla para concentrarlo y precarizarlo institucionalizando el paro masivo como natural al sistema. En suma, un amenazante y despiadado duopolio que exige su revocación inmediata porque se han convertido en un peligro público, en enemigo del pueblo. Al respecto, conviene recordar que al principio de la crisis una cumbre mundial sobre el paro fue suspendida por falta de ideas.
Por no hablar de la criminal desigualdad que, a nivel local y global, conlleva aceptar ese statu quo. Una investigación de los sociólogos Ildefonso Marqués y Manuel Herrera, publicada en el último número de la revista del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha revelado que la movilidad entre clases en España se ha estancado desde los años sesenta, y que a pesar de los importantes avances materiales producidos, el origen social es aún determinante para la mejora social. Y frente a ese tobogán de penuria económica, degradación laboral, paro, exclusión y falta de expectativas en la hasta hace poco octava potencia industrial del mundo, surge la de un gobierno-partido que se denomina socialista y obrero, acosado por la tangentópolis, que bendice las mayores beneficios de la historia de una gran banca fidelizada en la condonación de las deudas contraídas por los partidos políticos con perspectiva de gobierno. Sobran razones para ir a la huelga y ya veremos si falta coraje para generalizarla. El azar ha querido dejarnos la responsabilidad histórica de preservar el legado de nuestros antepasados y el mérito de conjurar la amenaza de entronizar la barbarie social. Está en juego la dignidad y la democracia de todo un pueblo. Que la huelga general defensiva sea el inicio de la ruptura con la violencia del sistema.
(*) Artículo publicado en el número 132 del periódico DIAGONAL
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