https://youtu.be/m2EAF811Jcg
La guerra empezó con la represión de la oposición política, sobre todo en la capital. Después, en 1978 el conflicto se trasladó al campo y a partir de entonces se cometieron las grandes masacres, más de 600, algunas con cientos de mujeres, niños, niñas, ancianos. En la primera fase, el Gobierno eliminaba a cualquier persona o entidad que hiciera una crítica al poder que se estaba ejerciendo. Se eliminaron cientos de sindicalistas, periodistas, profesores universitarios, políticos e incluso candidatos a la presidencia. El fundador del partido social demócrata Alberto Fuentes Mohr y quien fuera alcalde la capital por el mismo partido, Manuel Colom Argueta, fueron ejecutados en 1979 a plena luz del día durante la dictadura de Lucas García. Desarticuladas las guerrillas en la capital, golpeada hasta la médula oposición política y social, el conflicto se trasladó a las zonas rurales.
Entonces los pueblos mayas fueron considerados enemigos del ejército. En su paranoia todo el mundo era el enemigo, incluidos los pueblos indígenas del Altiplano, como el pueblo ixil. Consideraban que el enemigo no solo era la guerrilla sino quienes pudieran unirse a ella. En sus propios documentos expresan su temor: si los indígenas sometidos a siglos de explotación y miseria se unen a la guerrilla el ejército perdería la guerra. Así es como los pueblos indígenas, susceptibles de unirse a las consignas de la justicia social de la revolución fueron castigados con la política de tierra arrasada.
Especialmente los ixiles estaban muy orgullosos de sus tradiciones y su cultura, incluso habían protagonizado marchas a la ciudad pidiendo mejoras de su condición de vida, demostrando su fuerza como pueblo.
El castigo fue atroz: Destruyeron su forma de vida, exterminaron a la gran parte de la población que habitaban en las aldeas de Nebaj, Chajul y Cotzal, incluso a quienes estaban escondidos en los valles y a los pocos que “perdonaban la vida” los llevaban llevados a campos de concentración, que llamaban eufemísticamente aldeas modelo.
Hay riesgos para los pueblos indígenas debido al racismo estructural del país. Está en riesgo su vida porque están sumidos en la pobreza o la extrema pobreza, por su falta de acceso a la educación bilingüe de calidad, porque no tienen derecho al agua ni a la salud ni a los recursos naturales; y también como pueblo porque su cultura está amenazada por la discriminación y el profundo racismo que permea a toda la sociedad.
El riesgo existe también porque las fuerzas de seguridad no son democráticas y el estado sigue siendo muy débil, sobre todo el sistema de justicia. Los poderes fácticos del país ejercen mucha presión a las instituciones para que actúen en su propio beneficio. No hay leyes que protejan a los pueblos indígenas de manera efectiva y esto se ve de manera muy clara en las concesiones de licencias para la explotación de los recursos mineros, hidráulicos, de hidrocarburos. Hoy en día los pueblos indígenas no son consultados para la instalación de los llamados “megaproyectos” y líderes y lideresas que defienden su tierra y territorio son atacados, perseguidos e incluso asesinados.
Es decir, que persisten todos los factores que provocaron el genocidio de los pueblos mayas en Guatemala. Ahora se vive con el dolor de la impunidad por el genocidio de los años 80, con el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, que podrían haber supuesto una mejora real de las condiciones de vida de los indígenas, y con la eliminación de líderes que defienden la tierra, el territorio, la cultura. Las mujeres juegan un papel trascendental en la defensa de los derechos humanos en Guatemala. Y pagan un alto precio por ello.
Ha habido programas de reparación económica que han beneficiado a parte de las víctimas. Pero la verdad y la justicia son muy deficientes. La sentencia que se anuló en 2013 era histórica y contenía medidas de reparación integral, exigía una petición pública de perdón al pueblo maya ixil -especialmente a las mujeres víctimas de violencia sexual- y pedía seguir investigando a los demás responsables. En la actualidad hay otros procesos abiertos por genocidio, por ejemplo, otro juicio por genocidio contra altos mandos militares del dictador Lucas García que lleva la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG). Sin embargo, el escenario actual es mucho más desfavorable. La salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad -apoyada por muchos países como España y que fue Presidida en unos años cruciales por nuestro eminente jurista Carlos Castresana- supone un gran varapalo. Esta Comisión se dedicaba a la desarticulación de los aparatos clandestinos incrustados en las fuerzas de seguridad, a la lucha contra el narcotráfico, la corrupción. Sin esta Comisión y sin presión internacional para que se haga justicia es posible que se vuelva a dar otro paso más hacia a la impunidad. Este libro pretender sacar a la luz la verdad y contribuir a achicar el mar de la impunidad. También, es un llamado a apoyar a quienes se juegan la vida enfrentando grandes peligros para que en Guatemala haya justicia y no se cometa otro genocidio. La ayuda y presión internacional es crucial.
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