Gobierno de Cuba podría permitir que personas con bajos ingresos paguen las multas a plazos

El Estado cubano podría permitir que las personas de bajos ingresos paguen a plazos las multas impuestas desde que se iniciaron las nuevas regulaciones en la isla por la pandemia del coronavirus. Se acumulan en La Habana más de 9.000 multas por el decreto 14/20, de las cuales se han pagado casi la mitad. Hay 400 multas que se han duplicado en la capital, según indicó Tribuna de La Habana. El presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Yojanier Sierra Infante, aseguró que el decreto 14/20 tiene como función principal la prevención y cuenta con “medidas coercitivas rigurosas” que impiden la impunidad. Sin embargo, hizo alusión a que existen cuestiones que el Estado debe asegurar desde lo administrativo para que después no perjudique el proceso judicial y propuso la alternativa de convenios de multas a plazos. El presidente del Tribunal Provincial aclaró que no a todas las personas se les dará esta posibilidad de pagar las multas a plazos, pues existen ciudadanos que el Estado considera que tienen el dinero y/o el poder adquisitivo suficiente para pagar de una vez la sanción. En Cuba, si no pagas la multa en 10 días, se duplica el precio a pagar, según explicó a Granma Dyxán Fuentes Guzmán, fiscal jefe provincial en La Habana. Actualmente a los 30 días de no pagarse una multa comienza el proceso legal en los tribunales. Si una persona es multada y no consigue 2000 pesos (83 CUC) en 10 días, está inmediatamente obligada a pagar 4000 (166 CUC). La mayoría de los cubanos no pueden abonar esas cifras por las sanciones con dinero adquirido de forma legal. El órgano impositor de la sanción será quien colegie con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) esta medida y los agentes policiales serán los encargados de procesar las denuncias y presentarlas al tribunal. Una de las acciones que el Estado pretende impulsar es que los casos en que la sanción conlleve trabajo correccional, sin internamiento, se asignen labores intencionadas. El Consejo de Defensa Provincial (CDP) pretende que estas sean medidas que “corrijan y eduquen” a los infractores, por lo que como órgano que aprobará el tratamiento del trabajo correccional, prevé que se realice, por ejemplo, en instalaciones de aislamiento para tratar la COVID-19, centros de elaboración de alimentos, hospitales, entre otros. Además, se valorarán los casos en que la persona sancionada no es de la capital, para enviarlo a su territorio de origen. Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del CDP, informó que se redactará un documento oficial que explique la secuencia de todo el proceso, en el que se definirá el convenio a plazos de las multas en dependencia de la situación financiera del hogar de cada individuo sancionado. Otra cuestión que será tratada próximamente es una posible reducción de la multa si se paga rápido, aunque las autoridades aseguran que la intención es que nadie incumpla y se visite a quienes lo hacen antes de duplicarse la cuantía. En lo que va de septiembre el Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha logrado hacerse con el equivalente al sueldo mensual de 10.000 trabajadores. Si mantiene este ritmo de sanciones en un mes el Estado cubano recaudará los ingresos de 40.000 habaneros, atendiendo a que el salario medio mensual es de 879 pesos (datos de 2019). Esas multas están relacionadas fundamentalmente con la pandemia, se deben a delitos de propagación de epidemias, por no portar nasobuco, etc. De abril a la fecha, se han abierto además procesos por los delitos de actividades económicas ilícitas, especulación y acaparamiento, receptación y apropiación indebida, contra los “coleros”, acaparadores, revendedores y traficantes ilegales de monedas.